¿Qué no estas cabal?

En su primera sesión, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó –de urgente y obvia resolución-, un par de proposiciones que exhortan al presidente Felipe Calderón, a remitir notas diplomáticas a los gobiernos que han discriminado mexicanos, sin sustento científico, con motivo de la presencia de la influenza en nuestro país.

En tanto que la Secretaría de Salud federal lanzó una alerta sanitaria a todas las Entidades Federativas, sus gobernadores pusieron manos a la obra en acciones preventivas y evitar la propagación de la enfermedad.

Todos menos Jalisco. Mientras el Distrito Federal decretaba el cese de algunas actividades económicas y el gobierno federal suspendía clases en todo el país, en Jalisco el gobernador Emilio González Márquez (PAN), afirmaba categórico, que “no hay influenza”. 

Mientras los gobiernos de los estados y el federal, invertían recursos públicos en hacer compras supervinientes de cubrebocas y desinfectantes, en Jalisco, el gobernador González Márquez alegre festejaba otro donativo de 15 millones de pesos, a una red de ayuda de la religión de su preferencia, la católica, por supuesto.

Peor aún, afirmó que no hay dinero público para que funcione el laboratorio Estatal de salud pública, teniendo que enviar muestras de probables contagios, al Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica (INDRE) en el Distrito Federal. 

Aún más. Cuando se esta haciendo un esfuerzo en el país por volver a la normalidad, en Jalisco sus autoridades apenas esta semana comenzaron a tomar las medidas que en el resto de los Estados las hicieron en un principio, de ahí entonces la inconformidad social, por la irresponsabilidad y minimización de la emergencia de la autoridad local.

González Márquez no puede argumentar desconocimiento: estuvo en Los Pinos para reunirse con sus homólogos, el secretario de Salud y el presidente Calderón, para conocer los avances y medidas en la lucha contra la enfermedad. 

De ahí entonces que hasta el presidente Calderón y el secretario de Salud federal, hayan intervenido para dar una llamada de atención pública al gobernador jalisciense, por su conducta parsimoniosa y villamelona ante la emergencia, por la falta de credibilidad con la ciudadanía y en la que Miguel Ángel Lezama, Director del Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades de la secretaría de Salud federal, afirmó que las autoridades jaliscienses ocultaron información.

Entre las medidas adoptadas por las autoridades se halla la suspensión de actividades educativas y de concentración humana hasta el 18 de mayo, cuando en el resto del país se incorporarán el 11; y apenas instruye a la Secretaría de Salud de Jalisco para que concreten el equipamiento de un laboratorio propio, entre otras medidas tardías. Hubo una serie de medidas para salvar a la República.

Se trata de las Leyes de Reforma que en este año cumplen 150 años de su expedición, como la indudable acta de nacimiento del Estado moderno en México, promulgadas en plena guerra de los tres años o de reforma.

Estas leyes en su conjunto, pretendían consolidar al Estado Mexicano, que a lo largo de su vida independiente, había sufrido la intervención de la Iglesia en los asuntos meramente políticos y que patrocinando financieramente a los enemigos del gobierno, había logrado desactivar todos los intentos de someterla a la autoridad civil. 

El 7 de julio de 1859 en Veracruz, por medio de un manifiesto a la nación, el presidente Benito Juárez anunció la expedición de las leyes de Reforma y los motivos de ellas. Estas disposiciones promulgadas en julio de 1859 se sumaron a las expedidas entre 1855 y 1857 dando un total de siete ordenamientos.

La estrategia de los reformadores fue disminuir el poder de la iglesia, nacionalizando sus propiedades y retirarle al clero de aquellas atribuciones y facultades que debían de ser desempeñadas por el Estado, creando el Registro Civil, instituyendo el matrimonio civil y tomando la administración de Cementerios, entre otros. 

El 12 de julio de 1859 se promulgó la Ley de nacionalización de los bienes eclesiásticos; el 23, la Ley del matrimonio civil; el 28 la Ley orgánica del Registro Civil y la Ley sobre el estado civil de las personas; el 31, el decreto que cesaba toda intervención del clero en cementerios y camposantos.

El 11 de agosto se reglamentaron los días festivos y se prohibió la asistencia oficial a las funciones de la Iglesia. Un año más tarde, el 4 de diciembre de 1860, se expidió la Ley sobre libertad de cultos. Este conjunto de leyes fueron el inicio de una nueva era en la política, la economía y la cultura, con el presidente Benito Juárez, al frente. 

Entre sus autores intelectuales se hallaba, Guillermo Prieto, quien salvó al presidente Benito Juárez en 1858 de ser fusilado en palacio de gobierno en Guadalajara, dirigiéndose a la guarnición militar con un “…¡levanten esas armas! ¡Los valientes no asesinan!...”; Miguel Lerdo de Tejada, coautor de estas leyes, quien en 1853 bajo la presidencia del aficionado a los gallos, Antonio López de Santa Anna, lanzó la convocatoria del Himno Nacional Mexicano, interpretado por primera vez el 15 de septiembre de 1854 por Enriqueta Sotang en el entonces Teatro Nacional, y cuyos autores –Jaime Nunó Roca y Francisco González Bocanegra-, al no recibir el premio a la convocatoria, se dice que vendieron los derechos del Himno a una casa musical norteamericana, hasta que en 1943 el presidente Manuel Ávila Camacho los expropió mediante decreto, pero entre las leyendas, se señala que cada vez que se interpreta el Himno en el extranjero, se deben pagar regalías a los titulares de los derechos: la Wagner & Lieven en Estados Unidos; y, Valentín Gómez Farías, ilustre jalisciense, galeno egresado de la Universidad de Guadalajara, presidente de la Mesa de Debates el 5 de febrero de 1857, al aprobar la Constitución de ese año, desconocida por los conservadores y por Maximiliano de Habsburgo, y cuya emperatriz –Carlota- entre sus excentricidades, gustaba de escuchar la canción de “La Paloma” interpretada por un chinaco –un combatiente de la independencia- que cortejaba a una de sus sirvientas en el Castillo de Chapultepec. 

En sesión del 15 de diciembre de 1861, el Congreso de la Unión otorgó facultades extraordinarias al presidente Benito Juárez, para hacer frente a la Segunda Intervención Francesa.

En esa ocasión Vicente Rivapalacio, presidente de la II Legislatura del Congreso, se dirigió al Primer Magistrado de la Nación diciéndole “…La historia enseña que todas las naciones, para llegar a la reforma y a la verdadera civilización, han tenido que pasar por pruebas terribles y por dolorosos sacrificios, y muchas veces los pueblos más poderosos debieron tocar el borde del abismo y, sin embargo, pudieron salvarse por la fe y la unión entre sus hijos…”. 

Definitivamente, el gobernador González Márques no es “juarista”, como él mismo se autodenominó, luego de las más de 6,000 quejas ante la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco con motivo de la macrolimosna en abril de 2008.

Una conducta responsable obedece a dejar a un lado vicios, para consagrarse en su caso, al servicio público.