Una vez que el Senado aprobó el paquete de reformas en materia petrolera -llamada reforma energética-, los diputados, como Cámara revisora, se dispusieron a dictaminarla, y a dos días de haberla recibido en Cámara baja, fue aprobada en el transcurso del sábado en sus comisiones.
El martes siguiente, fue aprobada por el pleno, no sin antes que la Mesa Directiva escuchara el posicionamiento de Andrés Manuel López Obrador, y posteriormente, los legisladores del Frente Amplio Progresista (FAP), tomaran el área de presidencia en la tribuna de San Lázaro, lo que obligó a improvisar a ras de las curules, un lugar para que su presidente dirigiera los debates.
Con posiciones coincidentes, los diputados aprobaron una nueva reforma petrolera, 70 años después que el presidente Lázaro Cárdenas hiciera lo propio en 1938.
Estas mismas posturas, con coincidencias ideológicas y pragmáticas, fueron las que en 1823, los diputados aprobaran que los nombres de Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Mariano Jiménez, Hermenegildo Galeana, Juan Aldama, José María Morelos, Mariano Matamoros, Leonardo y Miguel Bravo, Javier Mina, Pedro Moreno y Víctor Jiménez fueran inscritos con letras de oro en el salón de sesiones del Congreso.
En sesión del 7 de junio de 1822, el Congreso propuso que se nombrara una comisión -de premios-, que estuvo integrada por los diputados Melchor Múzquiz, por México; por Juan de la Serna y Echarte y Vicente Carvajal, por Oaxaca; por Juan Manuel Sánchez del Villar y Manuel Espinosa de los Monteros, por Sonora; por lo que a partir de esa sesión, la selección de los días de festividad nacional, a cargo de la Comisión de Fiestas del Congreso, quedó relacionada a la elección de los que debían ser declarados y honrados como héroes de la patria, a cargo de la naciente comisión, y que comenzaron a ser motivo de diferencias entre el naciente Congreso mexicano y Agustín de Iturbide.
Los desacuerdos se hicieron irreconciliables, cuando existían claramente dos propuestas distintas de nación: la monarquía constitucional con Iturbide como emperador o la República.
En este contexto, el criterio usado por la comisión de premios para dictaminar fue, sobre los hechos de los individuos que se distinguieron en la independencia por sus hazañas militares y por la propuesta de nación que en su momento abanderaron.
En sesión del 7 de junio de 1822, los diputados republicanos que habían participado en la insurgencia, intentaron aprobar el dictamen y premiar el mérito de los insurgentes y decretar días de festividad nacional, mientras tanto, Iturbide no estaba dispuesto a conceder que el nuevo Estado, tuviera como referencia constante y argumento histórico fundador, la destrucción, el desorden y el odio -que a su juicio- caracterizaron a aquella revolución.
Paralelamente, el 21 de julio de ese año, Iturbide es coronado con el nombre de Agustín I. A los pocos días, el gobierno descubrió una conspiración republicana dirigida por Servando Teresa de Mier y Juan Pablo Anaya, y el 31 de octubre, ordenó la disolución del Poder Legislativo. En su lugar nombró a la Junta Nacional Instituyente que prestó juramento el día 2 de noviembre, circunstancia de triste presagio, por ser el día en que la Iglesia celebra con lúgubre aparato, la conmemoración de los fieles difuntos.
Iturbide escribiría en sus memorias, que “…El Congreso de México trató de erigir estatuas a los jefes de la insurrección […]. A estos mismos jefes había yo perseguido, y volvería a perseguir [...]. Es necesario no olvidar que la voz de insurrección no significa independencia, libertad justa, ni era objeto reclamar los derechos de la nación sino exterminar todo europeo, destruir las posesiones, prostituirse, despreciar las leyes de la guerra, las de la humanidad, y hasta las de la religión. [...] los americanos [...] fueron culpables no sólo por los males que causaron, sino porque dieron margen a los [europeos] para que practicaran las mismas atrocidades que veían en sus enemigos. Si tales hombres merecen estatuas ¿qué se reserva para los que no se separaron de la senda de la virtud?...”
Finalmente, el 19 de julio de 1823 se publicó el decreto por el que los actos de la insurgencia fueron reconocidos para la posteridad, lo mismo ahora, para el sector energético mexicano.
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