En la discusión sobre la reforma a la Ley de Seguridad Nacional en Cámara de Diputados, se configuran un par de visiones.
El primero de ellos se dice que es el proyecto de dictamen que impulsa el diputado Alfonso Navarrete Prida (PRI), quienes insisten en que el dictamen que hizo, -donde se especula que otorga más facultades policiacas al Ejército-, es el correcto.
El otro grupo está integrado por diputados federales de diversas corrientes políticas, como el PAN, PRD, PVEM, así como algunos del PRI, que apoyan la moción en carácter de dictamen que presentó el legislador Javier Corral Jurado (PAN), también Presidente de la Comisión de Gobernación de la Cámara Baja, y que se afirma que no otorga poderes policiacos a los militares.
En pasillos del Congreso se afirma que este segundo grupo crece en la medida que los diputados leen ambos dictámenes y seguramente comparan ambas propuestas.
Por su parte, el expresidente de la CNDH, José Luis Soberanes, afirmó que “el marco jurídico que quieren los militares es para darles impunidad”.
Se refirió al personal militar, como que “Los señores de verde quieren un marco a gusto, a modo, para evitar que sean juzgados por los delitos que han cometido en tareas de seguridad pública”.
Continuó diciendo que “Un marco jurídico, para qué, si ya la Constitución en el artículo 13 es muy clara sobre el fuero militar, y además en otros artículos constitucionales se precisa que el Ejército está para garantizar la seguridad nacional”.
Sobre el fuero militar, el Subsecretario de la SEDENA General Demetrio Gaytán, dijo sobre el fuero castrense y la actuación del Ejército, que el primero no es un privilegio, sino un sistema que prevé cómo deben tratarse hacia al interior las fuerzas armadas; sin embargo y a pregunta expresa, le irritó el cuestionamiento sobre por qué los Gafes, es decir los militares de elite se convierte en Zetas, a lo que respondió que la SEDENA no puede hacerse responsable de lo que hagan quienes dejan de formar parte del ejército.
Mire usted, no es correcto ni prudente señalar a una institución, por recibir y ejecutar las órdenes de su Comandante Supremo que es el Presidente de la República, para el caso de las fuerzas armadas, llámese Marina, Fuerza Aérea y/o Ejército.
Le pongo un ejemplo, muy reciente. No puede culparse al ejército del operativo de captura de Jorge Hank Rhon, cuando exclusivamente lo que hizo fue acatar órdenes, ante la probable falta de valor, de la Procuraduría General de la República, porque luego entonces, que levante la mano el que desee tomar un fusil para defender a su país.
La escuadra de la justicia tomará su histórico papel, para colocar en su justa dimensión, los temas de quienes por falta de pericia y destreza, no han sabido nivelar los actos de gobierno, sumiendo a sus gobernados en un caos y desesperanza.
Otro tema en su justa dimensión. La perversidad, crueldad y ruindad de la Santa Inquisición mexicana, a los que algunos en estos tiempos les encantarían revivir tan dignos status, como Manuel Abad y Queipo, quien decretó la degradación eclesiástica de Miguel Hidalgo y José María Morelos, en el que “te arrancamos la potestad de sacrificar, consagrar y bendecir, que recibiste con la unción de las manos y los dedos”, mientras eran raspadas su manos y yemas de los dedos, daban inicio al ritual de degradación eclesiástica, para posteriormente, y “como hijo ingrato, y borramos de tu cabeza la corona, signo real del sacerdocio, a causa de la maldad de tu conducta”, al tiempo que le raspaban la cabeza para borrar simbólicamente la unción obispal para ordenar. Poco antes vino la terrible excomunión.
En un comunicado del 15 de marzo de 1813, el Inquisidor Fiscal, -Dr. Flores-, señala respecto a la muerte de Miguel Hidalgo “que, a pesar de que pide perdón al Tribunal de las injurias que le hizo y de que intentó satisfacer a los cargos que se le hicieron, juzga el Fiscal que no resultan méritos bastantes para absolver su memoria y fama, ni tampoco para condenarlo”, el expediente fue archivado por la inquisición, por tanto, aún cuando se desiste de la causa formada en contra de Hidalgo, nótese que ni se le perdona, ni se le condena y por tanto, sigue vigente la excomunión hasta nuestros días, en virtud de que no hay un documento más reciente que lo haga nulo.
¿No le parece que debe ser un tema en su justa dimensión?
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