En el cielo su eterno destino

Hace unos días, el senador perredista por Quintana Roo, José Luis García Zalvidea, presentó un punto de acuerdo en la Cámara Alta, con relación al generoso donativo por 90 millones de pesos, que el gobernador Emilio González Márquez hizo con recursos públicos para la construcción del Santuario de los Mártires de la guerra cristera, en Guadalajara, Jalisco.

De inmediato, la comunidad tapatía empezó a manifestarse en contra de la escandalosa suma de dinero donada a la iglesia, no primera por cierto, ya que en marzo pasado, el Gobernador González Márquez, también otorgó recursos del erario público, mediante otro donativo por 1 millón de pesos al Templo de la Inmaculada Concepción en Yahualica, población de donde es originario el prelado tapatío Juan Cardenal Sandoval Iñiguez, según señaló el senador García Zalvidea. Tema a parte es el donativo a Televisa, que junto con este y otros más suman 200 millones de pesos, así como la actitud de “ni los veo, ni los oigo” del purpurado tapatío.

Por su parte, el gobierno de Jalisco, en voz de su Secretario de Gobierno, Fernando Guzmán Pérez Peláez, reconoce que no existe disposición alguna que permita aportar a la asociación civil denominada Fundación Pro Santuario de los Mártires Mexicanos, ni en el Presupuesto de Egresos 2008, ni en el Plan Estatal de Desarrollo, pero afirma que está totalmente justificada jurídica y socialmente, sin embargo, no deja de ser ilegal.

Los primeros 30 millones ya fueron entregados a la Fundación; entre los proyectos se contempla realizar obras de infraestructura social, y por tanto, afirma el funcionario, el donativo no es para la construcción del santuario jalisciense. Se trata de un disfraz cuyo destinatario final es su edificación.

Para el Reglamento de la Ley de Asociaciones Religiosas, se consideran ingresos de los cultos, las ofrendas, diezmos, primicias y donativos entregados para el desarrollo de su objeto, sin embargo, el objeto del gobierno de Jalisco no es otorgar donativo alguno; además, para la Ley de la materia, las asociaciones religiosas deberán aportar bienes suficientes para cumplir con su objetivo, y por ende, la propia iglesia católica debería hacerse llegar de fondos por conductos de sus congregaciones, hermandades u ordenes, en justa retribución por las riquezas acumuladas a través de los cientos de años que dominaron y sometieron por la fuerza de los dogmas de fe al pueblo de México, luego de la conquista.

Si muchos consideramos el donativo ilegal, inmoral e injusto, ¿cómo interpreta el arzobispado tapatío los nuevos pecados actualizados por El Vaticano, por lo que quienes provocan más pobreza, la injusticia y la desigualdad social, ahora son pecadores?

Sería saludable que el Registro Público de la Propiedad del Gobierno de Jalisco, diera a conocer la lista de los bienes inmuebles propiedad de la curia jalisciense, para saber cómo se hicieron de ellos y determinar si procede una subasta de sus bienes para allegarse recursos.

Hasta la redacción de este documento se habían presentado, en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), poco más de 400 denuncias por este hecho, y la cuenta seguía en aumento. Ciudadanos, intelectuales, académicos se suman día a día.

En alguna ocasión, un exgobernador me comentó que el 90 por ciento de los ingresos de una entidad federativa provenían de la Federación, y que el 10 por ciento restante tiene como orígen los ingresos propios del Estado, lo que significa en un cálculo matemático, que 81 millones de pesos del donativo, tuvieron como fuente los impuestos federales devueltos a la entidad federativa para ser transformados en obras y servicios públicos.

Luego entonces, el gobernador jalisciense, además de dar cuenta a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre recursos por comprobar que asciende a 1,292 millones de pesos, señalados en las 57 observaciones hechas por la ASF, para la Cuenta Pública 2006, y que ubica a Jalisco en el nada honroso 3er. lugar nacional, en cuanto a monto por comprobar se refiere, se agregarán los 81 millones de pesos que forman parte del donativo. Luego, señala que el donativo fue producto del ahorro gubernamental, por lo que incurre entonces, en un subejercicio presupuestal, teniendo la obligación de devolverlo.

Se le objeta que haya perdido el carácter laico como autoridad; se le impugna que haya sido muy dadivoso con el erario público, y no con el suyo, argumentando un turismo religioso, habiendo necesidades más apremiantes como hospitales, subsidio al transporte, empleo, sueldos, educación, etc., y por lo anterior podemos afirmar que los gobernadores de Jalisco no van al cielo, pero sus actos sí son objeto de negociación para acuerdos políticos, como el que realizan en el Congreso de la Unión y muy seguramente en Los Pinos a cambio de su permanencia.