Pobre Jalisco

Analicemos el significado y la profunda luz de las palabras “…¡¡¡Aguántense!!!...”del Eminentísimo Juan Sandoval Iñiguez, cardenal tapatío, al dirigirse a las mujeres que son ultrajadas, producto de violencia intrafamiliar.

Pues lo mismo, pero con denuestos soeces, vulgares, majaderos, corrientes e insolentes, vertidos en público por el gobernador panista de Jalisco, Emilio González Márquez; señaló a quienes le critican que disponga de centenares de millones de pesos del dinero público para financiar a la Iglesia de su preferencia; mientras desde la primera fila, su esposa, la señora Imelda Guzmán, le hacia señas para que moderara sus comentarios, que fueron dados a conocer en, por lo menos, la primera plana de 6 diarios de circulación nacional, sus editoriales así como columnas de opinión.

Lo anterior se dio en el denominado “Banquete del Hambre” del Banco Diocesano de Alimentos del Arzobispado de Guadalajara, en el que su Eminencia Sandoval Iñiguez, absolvió a su gobernador por dichas injurias, y además, el servidor público “regaló” otros 15 millones de pesos (MDP), que aumenta el generoso apoyo a la iglesia católica, a 106 MDP; a Televisa con 122 MDP; a TV Azteca por 19.5 MDP; a MTV por 2 millones de dólares; así como 85 MDP a empresarios de Jalisco, incrementando el enojo y la molestia ciudadana.

Lo dicho por González Márquez, tienen un calado mayor que el de la mera patanería, que es, desde luego, indeseable y repudiable por sí misma, y más, en quien ejerce la titularidad del Poder Ejecutivo de una Entidad Federativa. En su entusiasmo por proferir y demostrar su ilegalidad, deja ver el desprecio que tiene por la pluralidad política y social del país, así como su noción de que, si “¡¡¡…la gente votó por mi…!!!”, tiene, en consecuencia, el derecho de hacer lo que le venga en gana con la propiedad pública, e incluso, en franca rebeldía a la Carta Magna y sus leyes, que considera injustas, desde el poder que le dan esas mismas leyes. Además de tratar a sus subordinados como “chalanes”.

No obstante lo anterior, seguramente no las lleva todas consigo en su partido, al negarse a tomar las llamadas telefónicas de su dirigente nacional, Germán Martínez Cázares, por lo que el dirigente nacional ha omitido dar declaración sobre los múltiples donativos.

Después del lamentable discurso pronunciado por el gobernador, se limitó a ofrecer una simple disculpa, que por supuesto ha sido poco aceptada, seguramente presionada desde Los Pinos, pero que no modifica sus actos.

También, desde la propia Subsecretaría de Asuntos Religiosos de la Secretaria Gobernación (SEGOB), a cargo de Ana Teresa Aranda, se omite palabra alguna ni mueve un solo dedo, a pesar de ser la responsable de vigilar y garantizar la rigurosa observancia de las disposiciones legales en la materia, ante el peligroso desafío del gobernador de Jalisco, en el que ambos funcionarios se manifiestan altivos y carentes de conocimiento histórico mexicano, de las facultades y de los deberes constitucionales del Estado en esa materia conectada, de manera íntima, con la salud de la convivencia ciudadana.

En el contorno nacional, constituye una confesión de la discrecionalidad, el patrimonialismo y la falta de decoro que se sospecha de su gestión; pero desafortunadamente, no es la primera vez que profiere palabras altisonantes de manera pública, en referencia a una o terceras personas que critican sus actos.

Creo que no asustan sus desagradables comentarios, pero carece de la sensibilidad para darse cuenta que el entusiasmo, sarcasmo, burla, fuerza e ímpetu de sus palabras para humillar a quienes piensan diferente a él, está abriendo una herida cerrada hace casi 100 años, como lo fue, la guerra cristera, cuyos líderes religiosos pedían la derogación de las Leyes de Reforma, y que en el 2009 cumplirá 150 años de su expedición, como la indudable acta de nacimiento del Estado moderno en México.

Traigo a la memoria histórica las palabras del presidente Juárez, rodeado del General González Ortega, Santos Degollado, Melchor Ocampo y Miguel Lerdo de Tejada. Vistiendo de negro y habiendo bajado de su carruaje, arropado por el pueblo que se congregaba a recibirlo, luego del triunfo de la guerra de reforma, entre liberales y conservadores, dijo en Palacio Nacional "…¡¡¡Mexicanos!!! antes éramos independientes, pero no libres. A partir de hoy seremos también libres. Hoy podemos considerar que ha sido fundada la nación mexicana. Hoy empezará el proceso de fundación de una nueva patria. Hoy comenzaremos el proceso de transición de una sociedad feudal y teocrática a una sociedad moderna, contemporánea, la única con la que podemos satisfacer las necesidades del país”…”.

Los foros

“Andrés Manuel (López Obrador, AMLO) nos obligó a firmar una carta para que nos comprometiéramos a seguir tomando la tribuna”, decía el diputado federal perredista Octavio Martínez Vargas, en el noticiero nocturno de Joaquín López Doriga del lunes 21 de abril, desde luego, con el propósito de que el tabasqueño chantajeara al Congreso a ceder a sus caprichos políticos.

Cuando los legisladores del Frente Amplio Progresista (FAP) pedían foros temáticos con una duración de 4 meses, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores sólo ofreció 50 días. La gota que derramó el vaso de los senadores vino cuando las “adelitas” rodearon y tomaron todas las calles adyacentes al habilitado recinto alterno de la Cámara Alta en el auditorio Sebastián Lerdo de Tejada del edificio de Donceles, motivo por el cual, tuvieron que desplazarse al 5to. Piso de Torre Caballito en Paseo de la Reforma, además, cuando se desarrollaba la sesión, aprobaron los nombres de los 18 senadores integrantes a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, sin la presencia de legisladores del FAP. Me haces? Te hago.

Empero, el objetivo de extender la duración de los foros que pedían los legisladores del FAP, es mantener vigente el tema, hasta el 2do. Informe de Gobierno del presidente Felipe Calderón, y con esto, tener materia para desvirtuarlo en tribuna, sin embargo, todo parece indicar que la duración de estos foros será 70 días, desde el 12 de mayo hasta el 22 de julio próximo.

Mientras tanto, las iniciativas presentadas por el ejecutivo federal que reforman la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos; la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; la que crea la Comisión del Petróleo; la que reforma la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, así como la que reforma diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, y que en su conjunto son conocidas como reforma energética, se encuentran en Comisiones del Senado en espera de ser dictaminadas, sin embargo, en realidad es una reforma petrolera, ya que no toca lo relativo a la energía eléctrica, nuclear o eólica, por citar.

El debate ahora se centrará en los foros temáticos, objetados por el FAP, respecto del futuro de PEMEX por falta de liquidez para desarrollar nuevos proyectos, sobre todo en aguas profundas del Golfo de México, que garanticen el abasto del energético para el futuro, sin embargo y una vez más, el país no tiene porque ser rehén de una camarilla que, sin propuesta alguna, sólo pretende politizar el tema para mantener vigente sus frustradas aspiraciones.

La crisis vivida en el Partido de la Revolución Democrática (PRD), por la elección de dirigencia nacional, mantiene sumamente dividido a los grupos parlamentarios representados en el Congreso de la Unión, razón por la cual es que se espera de un momento a otro, los legisladores de la corriente Nueva Izquierda, dirigida por Jesús Ortega, se deslinden de la toma de tribuna en ambas Cámaras, para dejar solos en su aventura a AMLO y amigos que lo acompañan.

Ya sean 50, 70 o 120 días la duración de los foros, el Congreso de la Unión no merece ser tomado por una minoría rebelde, dirigida por un frustrado candidato derrotado.

Recién iniciado este periodo ordinario de sesiones, se señalaba que el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en el Senado, condicionaría al Ejecutivo Federal la aprobación de la reforma energética, sin reformas en el texto constitucional; pero a cambio de iniciativas para el control y combate a los monopolios en todas las áreas de la vida económica del país, con el objeto de que la Comisión Federal de Competencia (COFECO) y de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) se conviertan en dos entidades autónomas, con rango constitucional y con facultades legales para controlar y sancionar a las compañías dominantes con prácticas monopólicas.

Con reformas a la COFECO o COFETEL, recordemos que hay reservas sólo para los próximos 9 años. Algo hay qué hacer.

Otra vez Andrés Manuel

En la historia de México, el Congreso ha sido disuelto en 3 ocasiones: En 1822 por Agustín de Iturbide, que terminó con la jura de la primera Constitución en 1824 y la elección del primer presidente constitucional, Guadalupe Victoria; la segunda ocasión ocurrió con Antonio López de Santa Anna en 1842, siendo substituido por un nuevo Congreso, en el que figuraban Melchor Ocampo, Luis de la Rosa, Ezequiel Montes, José María Lafragua, Mariano Otero, entre otros, y de las cuales, desde la primera sesión, las temidas voces de federación, libertad y democracia resonaron el recinto del Congreso; y por último, en 1913 cuando el autodenominado presidente Victoriano Huerta disolvió al Congreso y asesinó a Francisco I. Madero y José María Pino Suárez.

Desde luego, en las anteriores ocasiones se ha tratado de un acto unilateral del titular del Ejecutivo Federal, y no de un grupo de interés, como el que tiene tomado la tribuna de la Cámara de Diputados y de Senadores, desde hace unos días en ambos cuerpos legislativos, quienes piden que se abra el debate de la reforma a la paraestatal Petróleos Mexicanos (PEMEX), al ámbito nacional.

“…No polarizaremos al país…”, decía el senador Carlos Navarrete Ruíz, coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), un día antes de la toma del Congreso por legisladores del Frente Amplio Progresista (FAP), evidentemente manejados por Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En un principio, los legisladores del FAP pedían que los Foros de consulta sobre la reforma a PEMEX tuvieran una duración de 5 meses, en cuyo propósito se haya implícito de mantener vigente el tema, hasta el 2do. Informe de Gobierno del presidente Felipe Calderón, y con esto, tener materia para desvirtuarlo en tribuna.

Por su actitud asumida, pareciera que los legisladores del FAP están a favor de nada y en contra de todo, con su manera de someter al Congreso a los designios de AMLO, tomando la tribuna y enviando “Adelitas” para ejercer presión social sobre los legisladores de otros grupos parlamentarios.

Ahora, la propuesta de la Junta de Coordinación Política del Senado señala 50 días para la realización de foros, es decir, los meses de mayo y casi todo junio, para conocer de multiplicidad de actores políticos, sociales y académicos, entre otros, sus opiniones sobre la tan anhelada reforma para el Gobierno Federal, pero necesaria para el país.

Mientras tanto, el ejecutivo federal ha presentado su paquete de iniciativas que reforman la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos; la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; la que crea la Comisión del Petróleo; la que reforma la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, así como la que reforma diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, y que en su conjunto son conocidas como reforma energética, cuando en realidad es una reforma petrolera, ya que no toca lo relativo a la energía eléctrica, nuclear o eólica, por citar.

En un mensaje dirigido a la nación, el presidente Felipe Calderón dijo que, PEMEX no se privatiza; que con estas iniciativas se busca autonomía financiera y mayores facultades de decisión; también se garantiza el abasto de combustible por lo que se eliminará la importación del hidrocarburo; se crean los bonos ciudadanos; e insiste en que sí es posible fortalecer a PEMEX, a lo que AMLO se opuso, desde antes de su tardía, forzada y confundida presentación.

El debate ahora se centrará en las iniciativas del ejecutivo federal, respecto del futuro de PEMEX por falta de liquidez para desarrollar nuevos proyectos, sobre todo en aguas profundas del Golfo de México, que garanticen el abasto del energético para el futuro, sin embargo y una vez más, el país no tiene porque ser rehén de una camarilla que, sin propuesta alguna, sólo pretende politizar el tema para mantener vigente sus frustradas aspiraciones, y por tanto, el Senado debería aprobar los foros de consulta con el FAP, sin el FAP o a pesar del FAP, que por ahora, no ha demostrado servir al país como sus seguidores lo creían y la ciudadanía lo demandábamos.

”… queremos asegurar que la expropiación decretada sólo se dirige a eliminar obstáculos de grupos que no sienten la necesidad evolucionista de los pueblos, ni les dolería ser ellos mismos quienes entregaran el petróleo mexicano al mejor postor, sin tomar en cuenta las consecuencias que tienen que reportar las masas populares y las naciones en conflicto…” decía el presidente Lázaro Cárdenas en 1938.

En el cielo su eterno destino

Hace unos días, el senador perredista por Quintana Roo, José Luis García Zalvidea, presentó un punto de acuerdo en la Cámara Alta, con relación al generoso donativo por 90 millones de pesos, que el gobernador Emilio González Márquez hizo con recursos públicos para la construcción del Santuario de los Mártires de la guerra cristera, en Guadalajara, Jalisco.

De inmediato, la comunidad tapatía empezó a manifestarse en contra de la escandalosa suma de dinero donada a la iglesia, no primera por cierto, ya que en marzo pasado, el Gobernador González Márquez, también otorgó recursos del erario público, mediante otro donativo por 1 millón de pesos al Templo de la Inmaculada Concepción en Yahualica, población de donde es originario el prelado tapatío Juan Cardenal Sandoval Iñiguez, según señaló el senador García Zalvidea. Tema a parte es el donativo a Televisa, que junto con este y otros más suman 200 millones de pesos, así como la actitud de “ni los veo, ni los oigo” del purpurado tapatío.

Por su parte, el gobierno de Jalisco, en voz de su Secretario de Gobierno, Fernando Guzmán Pérez Peláez, reconoce que no existe disposición alguna que permita aportar a la asociación civil denominada Fundación Pro Santuario de los Mártires Mexicanos, ni en el Presupuesto de Egresos 2008, ni en el Plan Estatal de Desarrollo, pero afirma que está totalmente justificada jurídica y socialmente, sin embargo, no deja de ser ilegal.

Los primeros 30 millones ya fueron entregados a la Fundación; entre los proyectos se contempla realizar obras de infraestructura social, y por tanto, afirma el funcionario, el donativo no es para la construcción del santuario jalisciense. Se trata de un disfraz cuyo destinatario final es su edificación.

Para el Reglamento de la Ley de Asociaciones Religiosas, se consideran ingresos de los cultos, las ofrendas, diezmos, primicias y donativos entregados para el desarrollo de su objeto, sin embargo, el objeto del gobierno de Jalisco no es otorgar donativo alguno; además, para la Ley de la materia, las asociaciones religiosas deberán aportar bienes suficientes para cumplir con su objetivo, y por ende, la propia iglesia católica debería hacerse llegar de fondos por conductos de sus congregaciones, hermandades u ordenes, en justa retribución por las riquezas acumuladas a través de los cientos de años que dominaron y sometieron por la fuerza de los dogmas de fe al pueblo de México, luego de la conquista.

Si muchos consideramos el donativo ilegal, inmoral e injusto, ¿cómo interpreta el arzobispado tapatío los nuevos pecados actualizados por El Vaticano, por lo que quienes provocan más pobreza, la injusticia y la desigualdad social, ahora son pecadores?

Sería saludable que el Registro Público de la Propiedad del Gobierno de Jalisco, diera a conocer la lista de los bienes inmuebles propiedad de la curia jalisciense, para saber cómo se hicieron de ellos y determinar si procede una subasta de sus bienes para allegarse recursos.

Hasta la redacción de este documento se habían presentado, en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), poco más de 400 denuncias por este hecho, y la cuenta seguía en aumento. Ciudadanos, intelectuales, académicos se suman día a día.

En alguna ocasión, un exgobernador me comentó que el 90 por ciento de los ingresos de una entidad federativa provenían de la Federación, y que el 10 por ciento restante tiene como orígen los ingresos propios del Estado, lo que significa en un cálculo matemático, que 81 millones de pesos del donativo, tuvieron como fuente los impuestos federales devueltos a la entidad federativa para ser transformados en obras y servicios públicos.

Luego entonces, el gobernador jalisciense, además de dar cuenta a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre recursos por comprobar que asciende a 1,292 millones de pesos, señalados en las 57 observaciones hechas por la ASF, para la Cuenta Pública 2006, y que ubica a Jalisco en el nada honroso 3er. lugar nacional, en cuanto a monto por comprobar se refiere, se agregarán los 81 millones de pesos que forman parte del donativo. Luego, señala que el donativo fue producto del ahorro gubernamental, por lo que incurre entonces, en un subejercicio presupuestal, teniendo la obligación de devolverlo.

Se le objeta que haya perdido el carácter laico como autoridad; se le impugna que haya sido muy dadivoso con el erario público, y no con el suyo, argumentando un turismo religioso, habiendo necesidades más apremiantes como hospitales, subsidio al transporte, empleo, sueldos, educación, etc., y por lo anterior podemos afirmar que los gobernadores de Jalisco no van al cielo, pero sus actos sí son objeto de negociación para acuerdos políticos, como el que realizan en el Congreso de la Unión y muy seguramente en Los Pinos a cambio de su permanencia.