El Senado ratificó el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal, hizo a Marisela Morales Ibañez, como Procuradora General de la República (PGR), convertida en la primera mujer en la historia en ejercer la titularidad del Ministerio Público del país y quien era la titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo) de la misma PGR.
Morales Ibañez llega en substitución de Arturo Chávez Chávez, desgastado por los escándalos de Wikileaks así como el “michoacanazo”, y con el consentimiento del gobierno norteamericano, cuando de manos de la primera dama Michelle Obama en compañía de la secretaria de Estado Hillary Clinton, otorgaron a la ahora procuradora Morales, -el Premio al Valor-, en el Centenario del Día Internacional de la Mujer, galardón que el Partido del Trabajo (PT) en el Congreso, cuestiona por la falta del permiso correspondiente para aceptarlo.
La misma oposición, como el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado, cuestionaron el uso político de la PGR, y a pregunta expresa en varias ocasiones, Morales Ibañez insistió en que no politizará la procuración de justicia, de la que a partir de hace unos días, es representante.
Recuerde usted que la Siedo fue la encargada de integrar el expediente del “michoacanazo”, en el que más de 25 servidores públicos, entre Presidentes Municipales y del Gobierno de Michoacán, fueron injustamente encarcelados.
Un ejemplo se encuentra en el redituable uso político de la PGR, que le ha significado conservar gubernaturas al Partido Acción Nacional (PAN), como Jalisco, con cerca de 2 millones de votos potenciales, al afirmar que candidatos de la oposición son integrantes de carteles de grupos del narcotráfico o de la delincuencia organizada y posteriormente, en un simple comunicado de la misma PGR, desmentirse luego de las elecciones.
Una tarea que también sobre sale para la nueva titular de la PGR, es no permitir el uso ideológico que el PAN hace de la institución del Ministerio Público, como cuando promovió en febrero de 2010, la controversia constitucional en contra de las uniones de personas del mismo sexo, en una agenda que pareciera más bien por complacer los temas de la agenda de la iglesia, que los de la agenda de seguridad y cuyo carácter ideológico además, se circunscribe con la aprobación de las reformas al artículo 40 constitucional, por la que la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, aprobó que la República -además de representativa y democrática- en lo sucesivo sea laica.
Un tiempo antes, como cuando la misma PGR se prestó a los designios del expresidente Vicente Fox, para someter a juicio de procedencia al entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, por no respetar un amparo para abrir una calle, imagínese usted, por una calle.
Además claro, los absurdos jurídicos del Ministerio Público Federal, que arrojaron a la cárcel a una indígena otomí en Querétaro, quien según esa autoridad, la mujer fue capaz de luchar cuerpo a cuerpo con 6 agentes entrenados de la entonces Agencia Federal de Investigaciones (AFI’s) , quitarles sus armas de cargo, someterlos pese a la superioridad en número y fuerza masculina de sus oponentes y -ansina- hasta secuestrarlos, imagine su merced.
La historia no se equivoca. Tanto la PGR y la Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSP), no han volteado al pasado para comprender el porqué el ejército de Oriente ganó la batalla de Puebla, el 5 de mayo de 1862: claro, por la participación de una fuerza de indígenas zacapoaxtlas, en la que el General Republicano Miguel Negrete se dirigió a los 1,500 indios de la sierra norte de Puebla, de manera llana y coloquial: “Muchachos, nos vamos a batir con los que se dicen los primeros soldados del mundo, pero ustedes deben de demostrar que nosotros somos los primeros por el derecho que tenemos de nuestro suelo”.
Después de este ejemplo, seguramente la PGR y la SSP hayan discernido que con un batallón de unas 250 indígenas, -como Jacinta, Teresa o Alberta, por supuesto-, se pueda demostrar que los indígenas son leales a su país y podrían contribuir a abatir la inseguridad en el país.
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