Uno de los primeros compromisos del presidente Felipe Calderón al asumir la Presidencia de la República, fue moderar el sueldo de los servidores públicos -de primer nivel-, empezando por el suyo. Así, la ley de salarios máximos se aprobó en el Senado desde el 13 de marzo de 2007, y a partir de ese momento, se envió a la Cámara de Diputados para su análisis, misma que se haya en Comisión de Puntos Constitucionales.
Se prevé que para enero, la Comisión dictaminadora comience de nueva cuenta su discusión para una eventual aprobación en el periodo de sesiones ordinarias que comenzará en febrero próximo.
Para los trabajadores, el aumento al salario mínimo significó sólo unos cuantos pesos en contraste con los aumentos generalizados en los precios de los bienes y productos de consumo de primera necesidad.
El salario mínimo se asocia con el pago de pensiones que ha existido en nuestro país desde siempre. Es decir, mientras que unos trabajan para obtener el sustento diario, en el otro caso son legados por actos patrióticos. Por ejemplo, el 3 de noviembre de 1953, el Congreso de la Unión aprobó el pago de una pensión de 15 pesos diarios, a Agripina Hidalgo, por el sólo hecho de ser descendiente de Miguel Hidalgo y Costilla, quien llevaba 142 años de haber sido fusilado.
El 9 de enero de 1934 se publica en el Diario Oficial de la Federación, el decreto del presidente Abelardo L. Rodríguez, por el que quedan extinguidas las pensiones que disfrutaban, con cargo al erario público, los sucesores en décimo cuarta generación y la familia española de los condes de Miravalle; ambas familias descendientes del Emperador Moctezuma II; cuya erogación fue implementada desde tiempos de la colonia española y respetada en 1821, cuando el recién independizado y naciente Estado mexicano asumió el compromiso de mantener las “pensiones de Moctezuma”.
A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, era muy común encontrar solicitudes de particulares dirigidas al Congreso de la Unión, en las que pedían una pensión económica por servicios prestados a la República, a través de sus cuerpos de ejército, ya sea durante la guerra de Reforma, ya sea durante la guerra de Intervención.
A su muerte, Benito Juárez fue galardonado con el título de benemérito de la patria en grado heroico, en sesión del Congreso del 18 de abril de 1873. En esa misma sesión, se aprobó el pago de una pensión de 3,000 pesos anuales, a cada una de las hijas de Juárez –Doña Soledad, Doña Josefa y Doña Jesús- así como al menor Benito Juárez Maza, mientras concluyera su carrera o cumpliera 25 años de edad. Mismo derecho se otorgó a cualquiera de los siete hijos legítimos de Juárez que llegare a la pobreza.
El 27 de agosto de 1861 murió en su tierra natal, San Juan de los Lagos, Jalisco, doña Rita Pérez de Moreno, rechazando una pensión que le ofreció el gobierno federal y quien ofrendó a su esposo, el insurgente Pedro Moreno y a sus tres hijos, a la causa de la independencia.
Por otra parte, en reconocimiento a su labor, en favor de la causa de la independencia y como restitución de parte de sus bienes incautados por el gobierno virreinal, que ascendían a cincuenta mil pesos de la época, el Congreso de 1822 decidió que la primera mujer reportera del país, Leona Vicario, recibiera las propiedades de la calle de Santo Domingo esquina con Cocheras, hoy República de Brasil esquina con República de Colombia, así como las propiedades de los números 9 y 10 de esta última calle, en la ciudad de México.
Sin duda alguna, hay necesidades económicas más apremiantes en este momento, que pagar sueldos estratosféricos que rayan en la ofensa para la inteligencia de cualquier ciudadano. No se critica el derecho a devengar un emolumento. “Bajo el sistema federativo, los funcionarios públicos, no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad. No pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes. No pueden improvisar fortunas, ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, disponiéndose a vivir, en la honrada medianía que proporciona la retribución que la ley les señala": Benito Juárez.
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