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viernes, 26 de septiembre de 2008

Las leyes

Para contener la oleada de violencia generalizada que azota el país, el presidente Felipe Calderón presentó un paquete de iniciativas al Senado, entre las cuales resalta, la que expide la Ley de Extinción de Dominio, que tiene por objeto constituir un fondo destinado a la reparación del daño de las víctimas u ofendidos, acción denominada extinción de dominio, que se integraría con los recursos que se obtengan de los bienes o el producto de los delitos de secuestro, robo de vehículos y trata de personas.

Además, propone reformar otros 7 ordenamientos legales, que pretenden homologarlas con las recientes reformas constitucionales en materia de seguridad, para permitir la figura de presunción de flagrancia; crear el Registro Nacional de Detención; para que el policía que detiene podrá recibir la denuncia, participar en la investigación del delito, la detención y el aseguramiento de bienes, debiendo informar al MP; para incluir las grabaciones particulares como elemento probatorio; crear la figura de denuncia anónima y la reserva de identidad para agentes infiltrados; crear centros especiales de máxima seguridad para evitar que la delincuencia opere desde el interior; establece sanción penal en los casos de servidores públicos que faciliten el desvío o la obstaculización de las investigaciones y, ante la terminación injustificada del servicio de un agente policial, el Estado sólo pagará la indemnización sin que proceda su reincorporación al servicio.

Aunado a lo anterior, la Procuraduría General de la República (PGR) publicó hace unos días, el acuerdo que establece las reglas y lineamientos para el ofrecimiento y entrega de recompensas, siempre y cuando, los datos proporcionados sean veraces, útiles, eficaces y oportunos para las investigaciones que realice el Ministerio Público de la Federación, o bien, para la localización y detención efectiva de las personas en contra de quienes exista orden de aprehensión. El rango de recompensa es de 1,000 a 5,000 pesos, dependiendo la utilidad de la información. En contraste, en los Estados Unidos de Norteamérica, se han pagado más de 8 millones de dólares a 22 personas, que presentaron información válida, que puso a terroristas tras las rejas, y que se hayan contenidas en el programa de recompensas para la justicia, establecido por la Ley Pública 98-533 para Combatir el Terrorismo Internacional de 1984, Programa que es administrado por la Oficina de Seguridad Pública del Departamento de Estado de Estados Unidos, y que autoriza al Secretario de Estado a ofrecer o pagar recompensas de más de 5 millones de dólares.

Ojalá que estas que estas iniciativas cambien el estado de inseguridad en que vivimos, pero hubo un paquete de estas que cambió al país, como lo son, las leyes de reforma, en plena guerra de los tres años o de reforma.

El 12 de julio de 1859 se promulgó la Ley de nacionalización de los bienes eclesiásticos; el 23, la Ley del matrimonio civil; el 28 la Ley orgánica del Registro Civil y la Ley sobre el estado civil de las personas; el 31, el decreto que cesaba toda intervención del clero en cementerios y camposantos. El 11 de agosto se reglamentaron los días festivos y se prohibió la asistencia oficial a las funciones de la Iglesia. Un año más tarde, el 4 de diciembre de 1860, se expidió la Ley sobre libertad de cultos. Este conjunto de leyes fueron el inicio de una nueva era en la política, la economía y la cultura, con el presidente Benito Juárez, al frente.

Entre sus autores intelectuales se hallaba, Guillermo Prieto, quien salvó al presidente Benito Juárez en 1858 de ser fusilado en palacio de gobierno en Guadalajara, dirigiéndose a la guarnición militar con un “…¡levanten esas armas! ¡Los valientes no asesinan!...”; Miguel Lerdo de Tejada, coautor de estas leyes, quien en 1853 bajo la presidencia del aficionado a los gallos, Antonio López de Santa Anna, lanzó la convocatoria del Himno Nacional Mexicano, interpretado por primera vez el 15 de septiembre de 1854 por Enriqueta Sotang en el entonces Teatro Nacional, y cuyos autores –Jaime Nunó Roca y Francisco González Bocanegra-, al no recibir el premio a la convocatoria, vendieron los derechos del Himno a una casa musical norteamericana, hasta que en 1943 el presidente Manuel Ávila Camacho los expropió mediante decreto, pero cada vez que se interpreta el Himno en el extranjero, se deben pagar regalías a los titulares de los derechos: la Wagner & Lieven en Estados Unidos; y, Valentín Gómez Farías, ilustre jalisciense, galeno egresado de la Universidad de Guadalajara, presidente de la Mesa de Debates el 5 de febrero de 1857, al aprobar la Constitución de ese año, desconocida por los conservadores y por Maximiliano de Habsburgo, y cuya emperatriz – Carlota- entre sus excentricidades, gustaba de escuchar la canción de “La Paloma” interpretada por un chinaco –combatiente de la independencia- que cortejaba a una de sus sirvientas en el Castillo de Chapultepec.

Desde luego que un paquete de iniciativas no es suficiente para detener a un puñado de delincuentes que pone en vilo al Estado mexicano. La responsabilidad es del gobierno, como entidad, de los partidos políticos representados en el Congreso, así como de nosotros los ciudadanos, al educar a nuestros hijos. Usted, ¿qué opina?

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