A propósito del primer aniversario de la
desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normar Rural “Isidro Burgos”
en Ayotzinapa en Guerrero, van algunas reflexiones que siguen vigentes.
Se trata de una crisis en la seguridad
nacional mexicana, que confrontaría a los ciudadanos y la clase política; los
primeros en reclamar a los segundos la responsabilidad política del exgobernador
Ángel Aguirre y del exprocurador Jesús Murillo Karam; y por su parte, la clase
política en aminorar los efectos generados por las graves violaciones de
derechos humanos, como consecuencia de la impunidad y de la corrupción, que trascendieron
fronteras como el problema mismo, y enmarcarse en el derecho internacional.
Nuevamente la protesta del sábado pasado
en diversas ciudades de México y en el extranjero no debe ser desestimada o
subestimada por la autoridad, de lo contrario, generaría condiciones para
iniciar otro movimiento subversivo.
Derivado de dichos acontecimientos se
encuentran vulneradas y muy debilitadas las estructuras de los campos político,
social y de seguridad.
Del área política, esta crisis evidenció
la permisibilidad y tolerancia de las actividades de los militantes y sus
élites al interior de los partidos políticos. Esto muestra la necesidad de
implementar la Comisión Nacional Anticorrupción, como un organismo autónomo
para evitar prácticas ajenas e ilegales a las del servicio público.
Cuando en un principio el presidente del
PRD, Carlos Navarrete, defendió al gobernador Aguirre, ahora ni es mencionado
en pláticas de café. En su momento, es probable que en el cálculo político haya
considerado que Guerrero sería una plaza perdida para su partido.
Esta crisis del área política trajo
consigo la percepción ciudadana, de un silencioso pacto de impunidad que
pudiera existir entre todos los partidos y su clase política para ocultarse de
corruptelas de sus integrantes. Aquí subyace la percepción de que el exgobernador
Aguirre dejara la gubernatura, a cambio de inmunidad política.
En el campo de seguridad, vino a
demostrar la fragilidad y corruptibilidad de las instituciones de seguridad en estados
y municipios. Vino a demostrar lo delicado en que se encuentra el sistema de
procuración e impartición de justicia mexicano. El primero, todavía funcionando
con un sistema inquisitorio, mientras que el segundo, con fallas en el debido
proceso y bajo la sospecha por la corruptibilidad de algunos jueces o la
aplicación política de la ley. El ejemplo más palpable: la liberación de
Florence Cassez, de Rafael Caro Quintero, o por supuesto, la liberación de Raúl
Salinas de Gortari y la devolución de su millonario patrimonio, que poco faltó
para que la PGR le pidiera perdón.
Lo más grave, vino a demostrar la
vulnerabilidad en el que nos encontramos los ciudadanos que estamos integrados
al campo social, por la colusión de servidores públicos con la delincuencia,
-de los tres niveles y en los tres órdenes de gobierno, en nuestro perjuicio.
Demostró el estado decadente en el que se
encuentran los derechos humanos en México. Tema en el que nuestro país ha
salido con una pobre calificación por organizaciones internacionales de la
materia, como consecuencia de una política deficiente en la defensa de los
derechos humanos.
Ayotzinapa es la gota que derramó el
vaso, pero más aún, las cuentas pendientes que se derivaron, como consecuencia
de la presentación del informe del Grupo de Especialistas Independientes de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de las que se generaron más dudas
que certidumbres.
0 Comentarios:
Publicar un comentario