Exceso de corrupción

El sistema nacional anticorrupción que esta semana entra a debate en Cámara de Diputados, debe ser lo suficientemente audaz para detectar los 13 ventanas oportunidad en la opacidad que generaron nichos de corrupción entre el 2000 y el 2005 y que fueron señalados en el informe “Áreas de Opacidad y Riesgo en el Estado Federal Mexicano, Oportunidades de Mejora” presentado en 2009 por la Auditoría Superior de la Federación.

Del anterior informe se desprende que la falta de transparencia generó opacidad en los adeudos de ejercicios fiscales anteriores, -ADEFAS-, así como una deficiencia recaudatoria. Por ejemplo, los montos por adefas del 2010 al 2015, van de 13,324 13,632 14,389 15,084 15,550 y 31,085 millones de pesos, respectivamente.

Sin duda alguna que lo más escandaloso se encuentra en la recaudación en ese periodo, como consecuencia del abuso de la figura la consolidación fiscal prevista para grandes corporativos. Por ejemplo, en el 2006, 50 grandes contribuyentes, que corresponden, -en general-, a empresas de la industria automotriz, productos fotográficos, panificadoras, acereras, tiendas departamentales y de autoservicio, e instituciones financieras, sólo pagaron 74 pesos de Impuesto sobre la Renta (ISR) y 67 pesos por Impuesto al Valor Agregado (IVA) entre el 2000 y el 2005, en promedio.

Es probable que este abuso sea el motivo por el que integrantes de la clase política y empresarios conserven su patrimonio en la filial en Suiza del banco HSBC, cuyos clientes ascienden a 2,642 mexicanos y cuyos montos representan 2.2 billones de dólares, según información dada a conocer por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).

La lista de mexicanos es encabezada por Carlos Hank Rhon, dueño del Grupo Financiero Interacciones e hijo del finado político priista Carlos Hank González; el empresario Jaime Camil, el ex presidente de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) Luis Téllez Kuenzler; su antecesor en esa posición, Guillermo Prieto Treviño, y el ex director de la Comisión Federal de Electricidad Alfredo Elías Ayub, el ex director de Walmart para México, Eugenio Ebrard, y el magnate de la construcción Moisés El Mann Arazi.

Este tema lo abordó el periódico estadounidense The New York Times, cuyo accionista mayoritario es el mexicano Carlos Slim Helú, de quien podría presumirse que podría tener interés en divulgar esta información para mostrar su descontento con el gobierno mexicano por haber quedado fuera de la licitación para adquirir canales de televisión en México.

No sólo eso, sino que el mismo rotativo neoyorquino dejó en evidencia al exgobernador de Oaxaca, José Murat Casab, quien aceptó que es propietario de dos departamentos ubicados en Utah, Estados Unidos, pero que “fueron comprados hace 10 años”, por cerca de 300 mil dólares, y negó ser propietario de inmuebles en Nueva York. Posteriormente su hijo, Alejandro Murat, dijo que las propiedades en la Gran Manzana pertenecen a otros integrantes de su familia.

Con esto se reafirma que nadie más que la clase política mexicana sabe que el sistema hacendario y fiscal en México no está diseñado para mejorar las condiciones económicas de la ciudadanía, y por tanto, prefieren depositar su dinero, producto de la sospecha, en el exterior.

El sistema anticorrupción por aprobar debe contemplar estas y otras posibilidades de justicia política, ya que es necesario incorporar la persecución de los delitos de cuello blanco y cuyos exponentes no puedan aspirar a algún cargo de elección o sean premiados con algún cargo en el servicio exterior mexicano.