Parece
que se encuentra lejos de solucionarse el paradero de los 43 estudiantes
desparecidos la noche y madrugada del 26 al 27 de septiembre pasado, en el que
se han desbordado crisis políticas locales y nacionales, pero también crisis de
estado.
Son
crisis políticas porque se encuentra vinculado a la estructura del Partido de
la Revolución Democrática (PRD) y su desgastada clase política. Tiene también
su colaboración en esta crisis, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y
el Partido Acción Nacional (PAN).
Es
crisis de estado, porque ha puesto en evidencia las crisis en políticas
públicas en diversas materias, como inteligencia, seguridad y, principalmente,
derechos humanos.
Esta
parte de derechos humanos mereció una atención especial del Comité contra la
Desaparición Forzada de la Organización de Naciones Unidas, quien a inicios de
este mes recibió a la representación mexicana quien informó sobre el estado en
que se encuentra el tema de las desapariciones, a propósito del caso
Ayotzinapa.
Como
usted sabe, México es uno de los 44 Estados que han ratificado la Convención
contra Desapariciones Forzadas, y por tanto, está obligado a presentar un
informe para revisión del Comité.
Es
un problema de estado, porque se dejaron vulnerables los subcampos del poder
social, al permitir el estado mexicano que la delincuencia superara, por la
causa que haya sido, la capacidad de respuesta instalada para proteger a la
ciudadanía.
Abrió
otros frentes de crisis para el gobierno federal, por otros casos de
desapariciones en mismo Guerrero, cuando se descubrieron fosas clandestinas con
más cuerpos de los que la autoridad buscaba.
Se
evidenció la nula vigencia y sincronía de la Agenda Nacional de Riesgos, que no
pudo prevenir los eventos de Ayotzinapa.
Mientras
tanto, al gobierno federal le ha sido más que difícil, contener la opinión
pública nacional e internacional, como consecuencia de los sucesos de
Ayotzinapa.
Se
dejó en evidencia el estado de vulnerabilidad de los subcampos del poder
político, cuando el PRD y la clase política local, de alguna u otra manera
toleraron o consintieron que su militancia se involucrara con la delincuencia.
No
solamente esto, sino que vino a relucir las redes de delincuencia que tejió el
poder político con la delincuencia y cuyo asiento encontró una zona de confort
en el gobierno del PRD en Iguala, con la posible complicidad del gobierno de
Guerrero del fallido gobernador Ángel Aguirre Rivero.
Esta
última consideración pudiera ser la causa de la integración de la delincuencia
en diversos municipios de otras entidades federativas, cuando encuentran
condiciones de corruptibilidad en el poder político gobernante.
Por
su parte y en un intento por presentar lo que llama como “verdad histórica”, la
Procuraduría General de la República mostró
información, que en la opinión del equipo argentino de investigadores
forenses, integrado por 30 profesionales de México, Argentina, Uruguay,
Colombia, Canadá, Estados Unidos de América, Francia y España, capacitados en
antropología forense, medicina forense, arqueología forense y criminalística,
criminalistas especialistas en fuego, genética forense, botánica y entomología
forense.
El
equipo multinacional de forenses llegó a la conclusión de que la PGR forzó
resultados, ocultó información y apresuró conclusiones, cometiendo errores que
pusieron en riesgo la identificación de los restos enviados a Austria. Mientras
tanto, la PGR intenta desmentir lo dicho por los forenses, sin credibilidad.
¿En
qué lugar colocará la historia a este asunto que aún no termina?.
0 Comentarios:
Publicar un comentario