El acoso en las escuelas, o bullying en su
acepción en inglés, es una práctica que ha existido desde siempre.
La gota que derramó el vaso fue la muerte del
alumno de la escuela secundaria núm. 7 en Tamaulipas, Héctor Alejandro Pérez
Ramírez, y que destapó la carencia de una política pública para erradicar este
mal de las escuelas, públicas y privadas, abriendo un frente de crisis en el
sistema educativo nacional.
Hay varias iniciativas que pretenden incorporar
el acoso escolar al catálogo de derechos de los educandos, pero en realidad no
se trata de un asunto de legislación. No es así, el problema radica en la falta
de una política pública de la autoridad escolar, que sujete la conducta de los
alumnos a estándares de disciplina. No se trata de corregir lo que los padres
debemos hacer en casa, sino fijar límites a la conducta de los educandos en los
escuelas.
El objeto de la Ley es regular los actos de los
gobernados o de la autoridad, mientras que el de una política pública es encontrar
soluciones a un problema o situación de gobierno determinada. Por eso es que
situaciones como el acoso escolar, el transporte público o la violencia en los
estadios, no se arreglan engrosando disposiciones jurídicas, sino encontrando
soluciones prácticas a dichos problemas y que corresponden a la esfera
administrativa de la autoridad que lo regula.
Por eso cuando se carece de políticas públicas,
sobrevienen crisis en la autoridad de los gobiernos, debido a la falta de
medidas para enfrentar problemas que con algunas líneas de acción se puede
solucionar. Esto sólo muestra una debilidad en quien ejerce la autoridad.
De este tamaño es la confusión que causa en la
autoridad, el concepto de políticas públicas: “Vea usted, ese es México, aún no
sabe lo que quiere [...]”: Porfirio Díaz al ser entrevistado por el periodista
James Creelman, afuera del Castillo de Chapultepec, mientras un número de
personas gritaban ¡muera Díaz! unos guajolotes graznaban; luego, otros gritaban
¡viva Díaz! y los guajolotes volvieron a emitir sus graznidos.
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